El Comercio Digital

«Las normas que se aplican procuran facilitar la convivencia y el logro de los fines que tiene el centro y constituyen límites razonables que en ningún caso suponen un ataque a los derechos de las mujeres». La frase forma parte de un largo comunicado redactado en la mañana de ayer por una comisión técnica reunida para analizar las críticas lanzadas en los últimos días contra el funcionamiento de la Casa Malva. Las concejalas de Servicios Sociales y de Igualdad, Esperanza Fernández y Begoña Fernández, fueron ayer las encargadas de defender la gestión del equipamiento, sus normas y la actitud de las profesionales que allí trabajan.

«No existe maltrato ni sombra de duda al respecto», aclararon las ediles, quienes hicieron hincapié también en que «la Casa Malva no tiene un reglamento de funcionamiento propio sino que se rige por las normas establecidas en la Red de Casas de Acogida». Sea como fuere, lo cierto es que tanto el Principado de Asturias como el Ayuntamiento de Gijón han abierto expedientes informativos para dejar constancia de los hechos y hacer un seguimiento de las residentes y del funcionamiento del centro, para «introducir las variaciones o mejoras necesarias». A pesar de eso, las concejalas explicaron que ya se habían reunido con las cinco residentes actuales y que sus discrepancias «no se refieren a las normas en sí mismas, sino a su aplicación puntual y concreta en algunos casos».

Esperanza Fernández y Begoña Fernández, junto a representantes del Instituto Asturiano de la Mujer, del Consejo de Mujeres de Gijón y de Cruz Roja de Asturias, censuraron «el tratamiento que el PP de Gijón ha hecho de este tema, al tratar de convertir quejas personas en un problema grave de funcionamiento». Con ello, aseguran, «rompen el consenso existente hasta ahora en materia de violencia de género y deterioran gravemente la imagen de las instituciones».